Fecha: 11/04/2018
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La Corte de Brasil podría volver a discutir la norma que envió a Lula a la cárcel

En principio, la Corte Suprema podría discutir este miércoles la inconstitucionalidad de la norma que votó en 2016, que establece la prisión para los condenados en segunda instancia. Esa es la definición que aplicaron para detener al ex presidente Lula da Silva. Si las “acciones de declaración de constitucionalidad” (CDA) de esa legislación, que presentó el Partido Ecológico Nacional (PEN), fuera analizada por el máximo organismo judicial, y si la votación fuera a favor de derogarla, esto podría beneficiar al ex mandatario. Y podría implicar su liberación. Pero los preámbulos de ese plenario de este miércoles muestran que en estos momentos de profunda incertidumbre en Brasil sólo rigen el tiempo verbal condicional. Es decir: “Si ocurriera esto....entonces pasaría tal cosa”.

No hay siquiera una certeza de que la presidenta de la Corte Carmen Lúcia Antunes vaya a poner el asunto en el temario. Hasta ahora, lo único certero es que el juez del Supremo Tribunal (STF) Marco Aurelio Mello, irá a presentar la demanda. En el interín, el Partido Ecológico, que se autodefine como de derecha, realizaba esta tarde un esfuerzo para retirar ese recurso: “Nosotros no imaginamos que iba a favorecer a Lula”. Para ratificar su decisión echó sin más trámites al abogado de la agrupación, Antonio Carlos de Almeida Castro, que conducía el recurso. Y llevó a la Corte un pedido para que lo anulen. Solo que hay ministros de este máximo organismo judicial que entienden que no hay manera de retirar la demanda presentada. Es el caso del magistrado Alexandre de Moraes, quien votó contra el habeas corpus para Lula. Este dijo que “la demanda de ese partido (el ecológico) ya no se puede retirar”. Es decir, sería inevitable su tratamiento en este plenario del STF.

Hay una razón adicional que esgrimen algunos jueces para decir que una decisión sobre ese espinoso tema no tiene por qué ser resuelto mañana. Hay dos hombres detenidos: el ex ministro de Hacienda Antonio Palocci y el diputado Paulo Maluff. Las defensas de cada uno presentaron recursos de amparo para pedir la libertad. El pedido a favor de Maluff tiene otro componente. Este político, que fue gobernador de San Pablo en tiempos de la dictadura militar, y luego intendente de la capital paulista, ahora está enfermo con un cáncer terminal. Por eso se apiadaron de él y le permitieron ir a su casa a cumplir la pena, con una tobillera electrónica. Como si a su edad (86 años) y con esa dolencia estuviera en condiciones de ir a algún lugar que no fuera el hospital.

De acuerdo con el juez Moraes estas solicitudes de habeas corpus deberían -en potencial- ser tratadas en primer término. Si la Corte asumiera esa postura, entonces la derogación de la norma que establece prisión para después de la segunda instancia (el caso de Lula), deberá pasar para mejores tiempos. Quien se horrorizó ante la posibilidad de que la presentación del Partido Ecológico pudiera terminar en la libertad del ex presidente Lula da Silva, fue el titular de esa agrupación. “Nosotros somos de derecha, no podemos defender a la izquierda. Nosotros defendemos a todos los brasileños”. Si no fuera por este caso, la referencia a ese núcleo político hubiera permanecido bien abajo en la cajonera de los periodistas.

Lo cierto que el resumen de lo “que podría ocurrir si...” dejó al Partido de los Trabajadores en ascuas. Sus dirigentes no saben qué puede pasar, como tampoco lo saben quienes son protagonistas de la historia, es decir, los once ministros del STF. Entre tanto, el ex mandatario continúa aislado en su celada de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Este martes, una jueza de esa capital prohibió a 10 gobernadores del Nordeste del país visitar al detenido. Estos tuvieron que dejarle una carta escrita a mano. Dice así: “Estimado presidente Lula, querido amigo. Estuvimos aquí. Y siempre estaremos a su lado, firme en la lucha”.